Una reciente resolución del Supremo obliga a la Administración a justificar, con precisión, la conducta negligente o dolosa del administrador antes de derivar responsabilidad. Se refuerzan las garantías de los administradores sociales: la responsabilidad no es automática y debe basarse en pruebas y motivación sólida.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de julio de 2025 (STS 3465/2025), ha reforzado la protección de los administradores frente a la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1 de la Ley General Tributaria (LGT).
La condición de administrador es necesaria, pero no suficiente. La Administración no puede derivar responsabilidad solo por ocupar el cargo; debe justificar de forma clara y específica qué conducta del administrador fue dolosa o negligente.
La condició d’administrador és necessària, però no suficient. L’Administració no pot derivar responsabilitat només per ocupar el càrrec; ha de justificar de manera clara i específica quina conducta de l’administrador va ser dolosa o negligent.
1. Responsabilidad del artículo 43.1.a) LGT
Se refiere a las infracciones tributarias cometidas por la sociedad. El Supremo recuerda que esta derivación tiene naturaleza sancionadora, lo que implica:
Prohibición de responsabilidad objetiva.
Prohibición de invertir la carga de la prueba: corresponde a la Administración acreditar la culpa, no al administrador demostrar su inocencia.
Obligación de motivar de manera concreta la conducta ilícita atribuida.
Atención. Si el acuerdo de derivación solo repite las obligaciones legales del cargo sin detallar la actuación del administrador, será nulo.
2. Responsabilidad del artículo 43.1.b) LGT
Afecta a los supuestos de cese de actividad sin liquidación ordenada ni declaración de concurso.
El Supremo aclara que tampoco aquí cabe una responsabilidad objetiva:
Es indispensable demostrar que el administrador omitió diligencias clave como convocar la junta para disolver la sociedad o solicitar el concurso.
Se sanciona la dejación de funciones que impide a la sociedad atender a sus deudas tributarias.
La Administración debe valorar y ponderar las explicaciones del administrador (por ejemplo, si hubo imposibilidad real de liquidar).
Recuerde: no actuar frente a una sociedad inactiva con deudas puede ser interpretado como una negligencia grave del administrador.
3. Consecuencias prácticas para administradores y empresas
Mayor seguridad jurídica: no habrá derivaciones automáticas basadas solo en el cargo.
Defensa reforzada: si el acuerdo no describe la conducta concreta, es impugnable.
Revisión de expedientes recientes: conviene analizar procedimientos abiertos o notificados para detectar defectos de motivación.
Prevención: los administradores deben documentar con rigor decisiones y actuaciones (actas de junta, intentos de disolución o concurso, comunicaciones al Registro).
En conclusión, la sentencia STS 3465/2025 establece una doctrina clara: la derivación de responsabilidad tributaria exige prueba y motivación individualizada, tanto en el 43.1.a) como en el 43.1.b) de la LGT.
Claves prácticas para administradores
No basta con “ser administrador”: Hacienda debe probar la conducta negligente o dolosa en cada caso.
Documentar decisiones: actas de junta, intentos de saneamiento, comunicaciones al Registro, etc.
Defensa procesal: si el acuerdo de derivación no motiva la conducta específica, puede impugnarse con altas probabilidades de éxito.
Prevención: ante situaciones de crisis, promover la disolución o el concurso voluntario evita que Hacienda pueda reprochar dejación de funciones.
Para ampliar esta información consulte con Asesoría jurídica
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