Gremicat

5 noviembre segundo plazo Renta 2025

gremicat — Fri, 30 Oct 2026 07:00:30 +0000

Le recordamos que, si ha optado por fraccionar el pago del IRPF 2025 en dos plazos, el próximo día 5 de noviembre de 2026 se cumple el plazo para efectuar el ingreso (40% restante de la deuda tributaria) del segundo plazo de la renta del ejercicio 2025.

Los contribuyentes que hayan optado por fraccionar el pago del IRPF en dos plazos y, además, hayan domiciliado el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora en la que efectúen el ingreso del primer plazo, no precisarán cumplimentar modelo alguno (en este caso, modelo 102), puesto que la entrega en la citada Entidad colaboradora del documento de ingreso, modelo 100, con los datos de la domiciliación debidamente cumplimentados, servirá como orden de adeudo en cuenta de dicho segundo plazo.

Los contribuyentes que, habiendo optado por fraccionar el pago, no hayan domiciliado el segundo plazo en Entidad colaboradora, deberán efectuar directamente el ingreso de dicho plazo hasta el día 5 de noviembre de 2026 inclusive, mediante la presentación del modelo 102, debidamente cumplimentado.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría fiscal

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La Inspección puede exigir información de ordenadores

gremicat — Wed, 28 Oct 2026 07:00:39 +0000

Una visita de la Inspección a las instalaciones de una empresa no es precisamente una situación cotidiana. Y cuando ocurre, es bastante fácil que aparezcan dudas sobre qué documentación debe facilitarse, hasta dónde puede acceder Hacienda y qué espacios de la empresa están protegidos.

Cuando llega una Inspección es importante saber hasta dónde alcanzan las facultades de Hacienda, pero también dónde están sus límites. Una reciente resolución del TEAC aborda precisamente esa frontera y deja una advertencia importante para las empresas. Negarse a que los inspectores entren en un espacio constitucionalmente protegido puede ser legítimo en determinadas circunstancias; negarse además a facilitarles la información fiscal almacenada en los ordenadores puede tener consecuencias muy distintas.

Una visita de la Inspección a las instalaciones de una empresa no es precisamente una situación cotidiana. Y cuando ocurre, es bastante fácil que aparezcan dudas sobre qué documentación debe facilitarse, hasta dónde puede acceder Hacienda y qué espacios de la empresa están protegidos.

Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 23 de junio de 2026 resulta especialmente interesante porque separa dos cuestiones que, en la práctica, pueden confundirse. Una cosa es el derecho de la empresa a impedir, cuando proceda, la entrada de los inspectores en un domicilio constitucionalmente protegido sin la correspondiente autorización. Otra muy diferente es utilizar esa circunstancia para no facilitar la información tributaria que Hacienda ha requerido.

Y esa diferencia puede tener consecuencias económicas muy serias.

¿Qué ocurrió?

La Inspección inició actuaciones respecto de una sociedad por el Impuesto sobre Sociedades y el IVA de los ejercicios 2015 y 2016. Durante la personación, el representante de la empresa se negó a permitir el acceso a los equipos informáticos argumentando que se encontraban dentro de un espacio constitucionalmente protegido. Hasta aquí aparece precisamente la cuestión que dio lugar a buena parte de la discusión posterior.

Pero los inspectores plantearon una alternativa. Solicitaron que se les permitiera acceder a los datos contables desde alguna dependencia que no tuviera esa consideración.

La empresa volvió a negarse y únicamente puso a disposición de la Inspección documentación en papel. Estos hechos quedaron recogidos en la correspondiente diligencia.

El problema no fue negarse a abrir el domicilio. Este matiz es probablemente el más importante de toda la resolución. El TEAC no centra el conflicto en si los inspectores podían o no entrar en determinadas dependencias sin autorización judicial. De hecho, considera innecesario entrar a resolver esa cuestión. Lo que se sanciona es otra conducta: la empresa no facilitó el acceso a la información contable y fiscal almacenada en sus equipos cuando la Inspección le ofreció la posibilidad de hacerlo desde un espacio no protegido.

Por tanto, el hecho de que físicamente los servidores estuvieran situados dentro de un lugar constitucionalmente protegido no resolvía el problema. La empresa podía mantener su oposición a la entrada en ese espacio y, al mismo tiempo, poner los datos requeridos a disposición de los inspectores desde otro lugar.

Es una distinción que merece la pena tener presente.

Hacienda no tiene que conformarse necesariamente con el papel

La empresa defendió también que había colaborado con la Inspección porque había entregado documentación contable en soporte papel. El TEAC tampoco acepta este argumento.

La razón es bastante sencilla. Hacienda no estaba pidiendo únicamente determinados documentos contables. Quería examinar también los datos existentes en los sistemas informáticos de la empresa. Y ambas cosas no tienen por qué ser exactamente iguales.

Precisamente una de las finalidades de la comprobación era poder verificar si la información almacenada electrónicamente coincidía con la documentación presentada en papel. Entregar esta última no sustituía, por tanto, el requerimiento realizado respecto de los archivos informáticos.

Para cualquier empresa que conserve su información fiscal y contable en sistemas digitales, este punto tiene bastante importancia.

La Inspección puede examinar bases de datos y archivos informáticos

La Ley General Tributaria concede a la Inspección facultades amplias en esta materia. No hablamos únicamente de facturas, libros contables o justificantes. Las actuaciones inspectoras pueden extenderse a bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relacionados con la actividad económica cuando tengan trascendencia tributaria.

Además, cuando la información que debe aportarse se conserva en soporte informático, puede exigirse su suministro en ese mismo soporte.

Esto tiene una consecuencia práctica bastante evidente. Una empresa no debería dar por hecho que imprimir su contabilidad y entregar una carpeta con documentos permite dar por atendido cualquier requerimiento de la Inspección. Habrá que mirar exactamente qué ha pedido Hacienda.

Mucho cuidado con lo que queda escrito en una diligencia

La resolución deja otra enseñanza que quizá pase más desapercibida, pero que en la práctica es muy importante. La negativa de la empresa quedó reflejada en una diligencia de la Inspección y el representante mostró su conformidad con los hechos allí recogidos.

Posteriormente se intentó aportar una declaración testifical formalizada mediante acta notarial que ofrecía una versión diferente de lo sucedido. El TEAC no consideró que esa prueba permitiera desvirtuar lo que constaba en la diligencia.

La razón está en el valor probatorio que tienen estos documentos. Las diligencias extendidas durante las actuaciones tributarias tienen naturaleza de documento público y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Además, los hechos aceptados por el obligado tributario se presumen ciertos y su rectificación exige acreditar que existió un error de hecho.

Por eso, cuando se firma una diligencia durante una actuación inspectora, no conviene hacerlo como si se tratara de un simple justificante de visita.

Hay que leerla con atención y comprobar que describe correctamente lo ocurrido. Si existe desacuerdo con algún hecho o manifestación, ese es el momento de dejarlo reflejado.

El TEAC también aprecia culpabilidad

Para imponer una sanción tributaria no basta con que exista objetivamente un incumplimiento. También debe concurrir culpabilidad. En este caso, el Tribunal considera que existió.

La empresa conocía el requerimiento, había sido informada de su obligación de facilitar la información y también había sido advertida de que su negativa podía constituir una infracción tributaria. Pese a ello, mantuvo su decisión de no permitir el acceso a los datos informáticos desde un espacio que no estuviera constitucionalmente protegido. El TEAC entiende que no existía una interpretación razonable de la norma que justificara esa actuación y concluye que la conducta fue voluntaria y culpable.

Y la sanción no fue precisamente pequeña

Este es el dato que pone en perspectiva la importancia del asunto. La empresa tenía una cifra de negocios correspondiente al ejercicio tomado como referencia de 25.382.292,25 euros. La Administración aplicó el 2 % y la sanción resultante ascendió a 507.645,85 euros.

La Ley General Tributaria prevé, para este supuesto y dentro de un procedimiento inspector, una multa proporcional del 2 % de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiera finalizado cuando se cometió la infracción.

La propia norma establece un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

Estamos, por tanto, ante una conducta que puede tener consecuencias económicas muy superiores a las que una empresa podría imaginar cuando, en medio de una actuación inspectora, decide simplemente decir “no”.

¿Qué deberían tener en cuenta las empresas?

La conclusión práctica no es que Hacienda pueda acceder sin límites a cualquier ordenador, servidor o dependencia de una empresa. Tampoco desaparecen los derechos relacionados con el domicilio constitucionalmente protegido. Lo que esta resolución viene a decir es algo bastante más concreto: Si la Inspección requiere información contable o fiscal almacenada electrónicamente, proteger el acceso físico a determinadas dependencias no permite, por sí solo, negarse también a facilitar esos datos por una vía que respete dicha protección.

Y entregar posteriormente la misma información en papel tampoco tiene por qué ser suficiente si lo que Hacienda ha requerido es precisamente el examen de los datos y archivos informáticos.

Conviene además recordar que estamos ante un criterio relevante del TEAC, pero todavía no reiterado y, por tanto, no constituye doctrina vinculante conforme al artículo 239 de la Ley General Tributaria.

En definitiva, ante una personación de la Inspección, actuar con prudencia no significa aceptar automáticamente cualquier petición, pero tampoco negarse de forma general.

Hay que saber qué está solicitando exactamente Hacienda, qué facultades tiene para hacerlo y qué derechos puede ejercer la empresa en ese momento.

Por eso, ante una situación de este tipo, lo aconsejable es contactar con el asesor antes de adoptar una decisión, revisar cuidadosamente cada requerimiento y prestar especial atención al contenido de las diligencias que se firmen.

Una negativa tomada en unos minutos puede terminar, como demuestra este caso, convirtiéndose en un problema tributario de una dimensión muy considerable.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría fiscal

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Webinar: Nuevas obligaciones en los contratos de trabajo

gremicat — Thu, 22 Oct 2026 07:00:01 +0000

RD 723/2026: qué debe comunicar tu empresa y cómo acreditar la entrega

GREMICAT I Webinar · 4 de noviembre de 2026 · 10h

El RD 723/2026, en vigor desde el pasado 5 de octubre, introduce nuevas obligaciones de información laboral para las empresas. Para conocer qué información debe comunicarse, cuándo hacerlo y cómo acreditar su entrega, GREMICAT organiza una nueva sesión online el próximo 4 de noviembre a las 10h

Durante el webinar, Christian Vilalta, como ponente, y Esteve Tomàs, como moderador, repasarán de forma práctica los principales aspectos que deben tener en cuenta las empresas: nuevas incorporaciones, solicitudes de información de personas trabajadoras y cambios en las condiciones laborales.

Se abordará cómo revisar la documentación que ya existe, identificar la información pendiente y organizar correctamente su entrega y las evidencias correspondientes.También, se explicará cómo una herramienta como KairosHR puede ayudar a centralizar la documentación y facilitar su trazabilidad.

Rellena nuestro formulario y descubre qué cambia con el RD 723/2026 y cómo prepararte.

Obligación contratar un servicio de Prevención de Riesgos Laborales

gremicat — Wed, 21 Oct 2026 07:00:17 +0000

Estamos realizando una campaña de recordatorio a todos nuestros clientes en materia de prevención de riesgos laborales.

Toda empresa que disponga de trabajadores en régimen general, bien a jornada total o parcial, la Ley 31/1995 obliga a contratar una empresa especializada (Servicio de Prevención Ajeno) para cubrir las coberturas técnicas y vigilancia de la salud que obliga.

En el supuesto de Inspección de Trabajo, si la empresa no tuviera contratado este servicio o no dispone de la documentación solicitada actualizada la sanción mínima impuesta es de 2.046,00 €.

El Articulo 42 LPRL establece que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento

Documentación para inspecciones de trabajo

Le recordamos que deberá disponer de la documentación actualizada en su centro de trabajo por posibles inspecciones de trabajo bien rutinarias o bien como consecuencia de un accidente de trabajo:

Concierto con el servicio de prevención y corriente de pago
Evaluación de riesgos, plan de prevención y planificación preventiva
Entrega registro de información
Entrega EPI´S
Vigilancia de la salud; aptos médicos o en su defecto renuncia médica
Certificados de formación en PRL de los trabajadores de la empresa

Agradeceríamos que nos informe si no dispone de esta cobertura para hacer un seguimiento y asesorarle al respecto.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría laboral

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6 días para comunicar las bajas a la Seguridad Social

gremicat — Wed, 14 Oct 2026 07:00:37 +0000

Una gestión cotidiana para empresas cambia desde agosto. Las bajas de trabajadores y determinadas variaciones de sus datos ya no tienen que comunicarse en tres días naturales. El nuevo plazo es de seis, aunque conviene no confundir esta ampliación con las altas, cuyo régimen no se ha modificado. La reforma trae además cambios en los aplazamientos de deudas.

Desde el pasado 1 de agosto de 2026 las empresas cuentan con algo más de margen para realizar uno de los trámites habituales en la gestión laboral. Las bajas de trabajadores y las variaciones de sus datos ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya no deben comunicarse dentro de los tres días naturales siguientes. El nuevo plazo pasa a ser de seis días naturales.

El cambio ha llegado de la mano del Real Decreto 643/2026, de 29 de julio, publicado en el BOE del 30 de julio, y responde a una petición bastante comprensible de quienes gestionan diariamente un elevado número de movimientos de afiliación.

No parece una modificación espectacular sobre el papel. En la práctica, sin embargo, esos tres días adicionales pueden evitar bastantes incidencias, especialmente cuando coinciden fines de semana, periodos vacacionales o acumulaciones importantes de altas y bajas.

De tres a seis días naturales

Hasta ahora, las solicitudes de baja y las variaciones de datos de las personas trabajadoras debían presentarse dentro de los tres días naturales siguientes al cese o al momento en el que se hubiera producido la modificación. Ese plazo se duplica.

Desde la entrada en vigor de la reforma, las empresas y quienes actúen en su representación disponen de seis días naturales siguientes al cese en el trabajo o a la fecha en la que se produzca la variación.

La palabra “naturales” es importante. No hablamos de seis días laborables. Sábados, domingos y festivos forman parte del cómputo.

Por ejemplo, si una persona cesa en la empresa un día 1, el cómputo comienza al día siguiente y los seis días siguientes entran en el plazo, con independencia de que entre medias exista un fin de semana.

La modificación se aplica desde el 1 de agosto de 2026

El Real Decreto entró en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación, es decir, el 1 de agosto de 2026.

A partir de ese momento comienza a aplicarse el nuevo margen de seis días para las bajas y variaciones sometidas a la nueva regulación.

Esta fecha resulta especialmente importante en situaciones cercanas al cambio normativo, ya que no conviene aplicar automáticamente los seis días a movimientos producidos antes de la entrada en vigor.

En la gestión diaria, la fecha real del cese o de la modificación continúa siendo el punto de partida fundamental para saber qué plazo corresponde.

El cambio afecta a bajas y variaciones, pero no a las altas

Este matiz merece destacarse porque puede dar lugar a errores. El nuevo plazo de seis días se refiere a las solicitudes de baja y a las variaciones de datos.

Las altas siguen teniendo un funcionamiento distinto y deben tramitarse, con carácter general, antes de que la persona trabajadora comience a prestar servicios.

También se amplía el plazo para las variaciones de datos

La reforma no afecta únicamente a las bajas. Las variaciones de datos de los trabajadores también pasan a disponer del plazo de seis días naturales siguientes al momento en el que se produzca el cambio.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría laboral

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Cómo calcular correctamente la base imponible del IVA

gremicat — Wed, 07 Oct 2026 07:00:59 +0000

Muchas incidencias fiscales no se producen por aplicar un tipo incorrecto de IVA, sino por calcular mal la base imponible sobre la que ese IVA debe aplicarse. Gastos repercutidos, subvenciones, descuentos, impagos o suplidos son algunas de las situaciones que generan más errores y, en consecuencia, regularizaciones y sanciones.

Cuando hablamos de IVA, gran parte de las empresas centra su atención en el tipo impositivo aplicable. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos problemas con la Agencia Tributaria nacen antes, concretamente al determinar la base imponible.

La base imponible es el importe económico sobre el que se aplica el porcentaje de IVA correspondiente. Parece una cuestión sencilla, pero no siempre lo es. La normativa contempla numerosas particularidades que obligan a incluir determinados conceptos y excluir otros, así como modificar posteriormente las cuotas inicialmente declaradas.

Una interpretación incorrecta puede traducirse en liquidaciones complementarias, sanciones e intereses de demora.

1. No todo lo que cobra la empresa queda fuera de la base imponible

Como regla general, la base imponible está constituida por la totalidad de la contraprestación recibida del cliente o incluso de terceras personas. Esto significa que, además del precio principal, deben añadirse otros importes accesorios relacionados con la operación.

Entre ellos destacan:

Gastos de transporte.
Comisiones.
Primas de seguro.
Gastos repercutidos al cliente.
Envases y embalajes.
Tributos vinculados a la operación, salvo el propio IVA.

2. Los intereses no siempre forman parte de la base imponible

La regla general establece que los intereses devengados antes del momento en que nace el IVA sí forman parte de la base imponible. Por el contrario, los intereses derivados de aplazamientos posteriores a la entrega podrán quedar excluidos siempre que se cumplan determinados requisitos legales.

3. Las subvenciones pueden obligar a repercutir más IVA

No todas las subvenciones tienen el mismo tratamiento. Cuando una ayuda pública está directamente relacionada con el precio de los bienes o servicios prestados, deberá incorporarse a la base imponible. Por el contrario, las subvenciones destinadas a financiar estructuras, inversiones o actividades de interés general normalmente no formarán parte de la misma.

4. Los suplidos siguen generando numerosos errores

Los suplidos son cantidades pagadas por el profesional en nombre y por cuenta de su cliente. No forman parte de la base imponible, pero para ello deben cumplirse requisitos muy estrictos. Es imprescindible que exista un mandato expreso del cliente, la factura original esté emitida a nombre del cliente, se repercuta exactamente el mismo importe satisfecho, y el profesional no deduzca el IVA soportado.

5. Los descuentos posteriores obligan a rectificar el IVA

Los descuentos concedidos después de emitir la factura pueden reducir la base imponible. Esto ocurre, por ejemplo, con los denominados “rappels” comerciales.

6. ¿Qué sucede cuando el cliente no paga?

La Ley del IVA permite recuperar el IVA repercutido y no cobrado en determinados supuestos. Entre otros requisitos:

Debe haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses o un año desde el devengo, según el volumen de operaciones.
Debe reclamarse el cobro judicial o notarialmente.
La modificación debe comunicarse electrónicamente a la AEAT.
Debe emitirse factura rectificativa.

Asimismo, existen reglas específicas cuando el deudor entra en concurso de acreedores.

7. Operaciones entre partes vinculadas bajo vigilancia especial

Cuando existen relaciones de vinculación entre las partes, Hacienda puede sustituir el precio pactado por el valor normal de mercado. Esto ocurre especialmente cuando una de las partes no puede deducirse íntegramente el IVA o cuando existe aplicación de la regla de prorrata.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría fiscal

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Nuevas obligaciones contratos de trabajo a partir del 5 de octubre

gremicat — Wed, 30 Sep 2026 07:00:12 +0000

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, publicado en el BOE el 15 de septiembre de 2026, amplía las obligaciones de información que las empresas deben facilitar por escrito a las personas trabajadoras sobre sus condiciones laborales.

La norma entrará en vigor el 5 de octubre de 2026.

¿A quién afecta y qué cambia?

A todas las empresas y personas trabajadoras cuando la relación laboral tenga una duración superior a cuatro semanas.

La empresa deberá garantizar que la persona trabajadora disponga por escrito de información suficientemente detallada sobre los elementos esenciales de su relación laboral. Si toda la información ya figura en el contrato entregado al trabajador, no será necesario un documento adicional; si falta parte de ella, deberá facilitarse mediante un documento complementario.

Información que deberá facilitarse

• Puesto, categoría, funciones y centro o lugar de trabajo.

• Causa concreta de la contratación temporal, cuando proceda.

• Salario base, complementos y criterios de cálculo de la retribución variable.

Conceptos variables: Si existen bonus, comisiones o incentivos, se debe detallar su modo de cálculo y los criterios objetivos para percibirlos.

• Jornada diaria, semanal y anual, turnos, horas extraordinarias, vacaciones y distribución irregular.

• Período de prueba (especificar la duración).

• Formación a cargo de la empresa.

• Procedimiento y preavisos aplicables a la extinción del contrato.

• Convenio colectivo aplicable.

• Entidad gestora o colaboradora de Seguridad Social, mejoras voluntarias y planes de pensiones.

• Plan de Igualdad, protocolo frente al acoso, políticas de conciliación y, cuando corresponda, medidas LGTBI (si existen en la empresa o no dependiendo de su obligación)

• La empresa deberá informar sobre la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones cuando intervengan en aspectos tales como jornada, asignación de tareas, salarios, promoción profesional, lugar de trabajo o extinción contractual, incluyendo sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento.

¿Cuándo debe entregarse la información?

Nuevas contrataciones: Antes del inicio de la relación laboral.

Trabajo habitual en el extranjero: Antes de la salida.

Modificación de condiciones: Lo antes posible y, como máximo, el día en que produzca efectos.

Contratos vigentes: El trabajador podrá solicitar la información y la empresa dispondrá de 30 días hábiles para entregarla, siempre que no obre ya en su poder.

Para poder confeccionar los nuevos contratos de trabajo y alta de los trabajadores se actualiza la ficha de alta y contrato de nuevos trabajadores que enviamos a las empresas con la incorporación de estos datos necesarios para poder tramitar la alta y contrato de nuevos trabajadores.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría laboral

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Hacienda no puede dirigirse primero contra el administrador

gremicat — Wed, 23 Sep 2026 07:00:06 +0000

El Tribunal Supremo ha fijado un criterio que tendrá consecuencias prácticas en muchos procedimientos de derivación de responsabilidad. Cuando una sociedad ya ha sido liquidada y extinguida, Hacienda no puede dirigirse directamente contra el administrador. Antes deberá reclamar la deuda a los socios que han sucedido legalmente a la sociedad.

La forma en que Hacienda debe reclamar una deuda tributaria cuando una sociedad ha sido disuelta y liquidada acaba de recibir una importante aclaración por parte del Tribunal Supremo (TS). La sentencia nº 764/2026, de 18 de junio, fija un criterio que afecta directamente a administradores y socios ya que determina cuál debe ser el procedimiento correcto antes de iniciar una derivación de responsabilidad.

Hasta ahora existían interpretaciones diferentes sobre si la Administración podía dirigirse directamente contra el administrador o si, previamente, debía reclamar la deuda a los socios que suceden a la sociedad extinguida. El TS resuelve esta cuestión y establece un orden que deberá respetarse en adelante.

Si una sociedad ha sido liquidada y aún mantiene deudas tributarias pendientes, conviene revisar cuidadosamente cualquier procedimiento de derivación de responsabilidad que pueda iniciar la Administración.

Los socios pasan a ocupar la posición de la sociedad

Cuando una sociedad desaparece jurídicamente tras su liquidación, no desaparecen automáticamente las obligaciones tributarias que tenían pendientes. La Ley General Tributaria (LGT) prevé que esas deudas se transmitan a los socios dentro de los límites legalmente establecidos.

En otras palabras, desde el momento en que la sociedad deja de existir, son los socios quienes pasan a ocupar la posición del antiguo obligado tributario. La Administración debe continuar frente a ellos el procedimiento recaudatorio previsto por la ley.

La extinción registral de una sociedad no elimina las deudas tributarias pendientes ni impide que Hacienda continúe reclamándolas.

El administrador no puede ser el primer destinatario de la reclamación

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia consiste en que el TS rechaza que Hacienda pueda acudir directamente contra el administrador mediante una derivación de responsabilidad subsidiaria. Antes deberá exigir el pago a los socios sucesores y únicamente cuando ese mecanismo resulte insuficiente podrá plantearse la responsabilidad subsidiaria del administrador. Para el Tribunal, actuar de otro modo supondría ignorar el sistema de sucesión establecido por la propia LGT.

Una derivación de responsabilidad iniciada directamente contra el administrador puede ser impugnable si no se ha seguido previamente el procedimiento frente a los socios.

Sucesores y responsables no son la misma figura

La sentencia dedica una parte importante a diferenciar dos conceptos que con frecuencia se confunden. Los socios son sucesores de la sociedad extinguida. Es decir, asumen las obligaciones tributarias porque la ley así lo establece cuando desaparece la persona jurídica.

El administrador, en cambio, responde únicamente como responsable subsidiario cuando concurren los requisitos previstos legalmente. Se trata de figuras distintas, con un régimen jurídico diferente y con procedimientos también diferentes.

Confundir la sucesión de deudas con la responsabilidad tributaria puede provocar actuaciones administrativas contrarias al procedimiento legal.

Se refuerzan las garantías del administrador

El TS también pone el foco en la protección jurídica del administrador. Si Hacienda pudiera reclamarle directamente las deudas sin haber actuado antes frente a los socios, quedarían prácticamente vacíos de contenido dos derechos especialmente relevantes. Por un lado, el beneficio de excusión propio de toda responsabilidad subsidiaria. Por otro, el derecho del administrador a reclamar posteriormente al verdadero deudor el importe satisfecho. Además, el Tribunal advierte del riesgo de que pudieran llegar a reclamarse las mismas deudas tanto a los socios como al administrador, generando situaciones difíciles de justificar jurídicamente.

La correcta tramitación del procedimiento resulta esencial para evitar reclamaciones duplicadas o vulneraciones de los derechos del administrador.

Especial cautela con las sanciones tributarias

La sentencia también realiza una precisión importante respecto de las sanciones. Aunque la Ley contempla determinados supuestos de transmisión a los sucesores, el Tribunal recuerda que las sanciones deben interpretarse respetando los principios constitucionales de culpabilidad y personalidad. Esto significa que su transmisión no puede producirse de forma automática, sino que exige valorar las circunstancias concretas que justifican esa responsabilidad.

No todas las sanciones tributarias pueden trasladarse automáticamente a los socios de una sociedad extinguida.

La doctrina que fija el Tribunal Supremo

La sentencia establece un criterio jurisprudencial que servirá de referencia para futuros procedimientos.

En síntesis:

Las deudas tributarias de una sociedad liquidada y extinguida deben reclamarse primero a los socios que la suceden legalmente.
Solo cuando proceda conforme al procedimiento legal podrá exigirse la responsabilidad subsidiaria del administrador.
Hacienda no puede actuar como si la sociedad extinguida continuara existiendo únicamente para derivar la deuda al administrador.
La sucesión de las deudas prevista en la Ley General Tributaria constituye un mecanismo obligatorio y no una opción para la Administración.

Las empresas inmersas en procesos de liquidación, así como sus socios y administradores, deberían revisar cualquier procedimiento de derivación de responsabilidad a la luz de esta nueva doctrina del Tribunal Supremo.

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Gremicat celebra La Mercè y permanecerá cerrado el 24 de septiembre

gremicat — Mon, 21 Sep 2026 07:00:26 +0000

El próximo 24 de septiembre, las oficinas de Gremicat permanecerán cerradas con motivo de la festividad de La Mercè.

Con motivo de la festividad de La Mercè en Barcelona, nuestras oficinas permanecerán cerradas durante toda la jornada del jueves 24 de septiembre.

Si tenéis alguna consulta o gestión pendiente, os recomendamos que la planifiquéis con antelación.

El viernes 25 de septiembre estaremos de vuelta y retomaremos nuestra actividad con total normalidad.

¡Os deseamos una muy buena Mercè!

Separar actividades para proteger su patrimonio empresarial

gremicat — Wed, 16 Sep 2026 07:00:42 +0000

A medida que las empresas crecen, también lo hacen sus riesgos. Lo que funcionaba cuando el negocio era pequeño puede convertirse, con el paso del tiempo, en una fuente de problemas patrimoniales, financieros o incluso familiares. Es frecuente encontrar sociedades que desarrollan varias actividades muy distintas dentro de la misma empresa. Aunque esta estructura puede resultar cómoda al principio, no siempre es la más adecuada cuando el volumen de negocio aumenta.

Muchas empresas nacieron desarrollando una única actividad. Sin embargo, con el paso de los años, el negocio evoluciona. Se incorporan nuevas líneas de actividad, se adquieren inmuebles, se diversifican servicios o incluso se crean nuevas unidades de negocio. Y es precisamente en ese momento cuando conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿Tiene sentido seguir manteniendo todo dentro de la misma sociedad?

La respuesta, en numerosas ocasiones, es negativa. Nos encontramos con frecuencia con empresas que desarrollan actividades muy diferentes bajo una única sociedad, compartiendo patrimonio, tesorería, personal y recursos administrativos. Mientras todo funciona correctamente, la situación suele pasar desapercibida. El problema aparece cuando surge una reclamación judicial, una inspección, dificultades financieras o un cambio generacional.

Entonces, muchos empresarios descubren que todos sus activos estaban expuestos al mismo riesgo.

Separar actividades puede convertirse en una medida de protección

La reestructuración societaria permite reorganizar la empresa para que cada actividad se desarrolle dentro de una sociedad diferente, manteniendo una dirección común y, en muchos casos, una sociedad matriz o holding. Esta decisión puede aportar importantes ventajas empresariales:

Proteger el patrimonio inmobiliario frente a riesgos derivados de la actividad operativa.
Conocer con precisión la rentabilidad real de cada línea de negocio.
Facilitar la obtención de financiación específica.
Mejorar la gestión financiera y la planificación estratégica.
Preparar futuros procesos de sucesión familiar o incorporación de socios.
Favorecer procesos de venta parcial o total del negocio.

Atención. Si su empresa desarrolla actividades distintas dentro de la misma sociedad o posee inmuebles relevantes junto con la actividad operativa, probablemente sea recomendable revisar la estructura actual.

Ejemplo

Pensemos en una sociedad dedicada simultáneamente a construcción y promoción inmobiliaria, venta de materiales de construcción, y arrendamiento de inmuebles. La empresa posee además varias naves industriales y locales valoradas en 2.800.000 euros. Su facturación anual alcanza los 4.500.000 euros. Tras analizar la situación, se decide reorganizar el grupo:

La actividad constructora se desarrolla en una sociedad específica.
La actividad comercial pasa a una segunda sociedad.
Los inmuebles permanecen en una sociedad patrimonial que además coordina la gestión del grupo.

De este modo, una eventual reclamación derivada de la actividad constructora no afectaría automáticamente al patrimonio inmobiliario acumulado durante años. Además, cada negocio dispone de sus propios resultados, financiación y estrategia.

Imaginemos esto:

Patrimonio inmobiliario protegido: 2.800.000 euros.
Facturación de la división de construcción: 2.700.000 euros.
Facturación del área comercial: 1.800.000 euros.

Una reclamación judicial de 600.000 euros derivada de una obra defectuosa podría comprometer seriamente todo el patrimonio empresarial si la actividad se desarrolla en una única sociedad. Con una adecuada separación societaria, el riesgo queda significativamente acotado.

Hacienda también analiza estas operaciones

La normativa fiscal permite que determinadas operaciones de reorganización empresarial puedan acogerse al denominado régimen especial de neutralidad fiscal, evitando que la reorganización genere, por sí sola, una tributación inmediata. No obstante, para ello resulta imprescindible acreditar que la operación responde a auténticos motivos económicos y empresariales, y no únicamente a la obtención de ventajas fiscales.

Entre otros motivos válidos, la Administración ha considerado razonables la separación de riesgos, la mejora de la gestión, la optimización financiera o la profesionalización de la organización empresarial. Así, por ejemplo, lo ha reconocido recientemente la Dirección General de Tributos (DGT) en la Consulta Vinculante V1028-26, de 7 de mayo de 2026.

No todas las operaciones pueden acogerse automáticamente al régimen fiscal especial. Cada caso requiere un análisis previo individualizado de la actividad, los activos, los recursos humanos y los objetivos perseguidos.

¿Es un buen momento para revisar la estructura de su empresa?

Quizá convenga realizar una revisión si se encuentra en alguna de estas situaciones:

Su sociedad desarrolla varias actividades distintas.
La empresa posee inmuebles de elevado valor.
Está pensando en incorporar socios o inversores.
Existe un relevo generacional próximo.
Desea proteger parte del patrimonio empresarial.
Está valorando vender una línea de negocio.
Necesita mejorar la financiación o la información de gestión.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría fiscal

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